El fuerte, ¿una gestión descontrolada?

El siguiente punto es desentrañar el por qué no consta en los listados del fuerte, donde un Libro de Registro contabilizó 4970 presos. Para ello hay que desmenuzar cómo se llevó la contabilidad de los presos en aquel agitado periodo.

Una aproximación a la gestión del fuerte se encuentra en el sumario 1915/38, abierto a sus responsables con motivo de la fuga. El dictamen del fiscal militar es terminante: “la Prisión funcionaba como si no tuviese Jefe”.

El descontrol no fue solo achacable a la pasividad del director del centro. El fiscal añade como causa la excesiva población reclusa. El director del penal, desbordado por el número de detenidos que le son remitidos, dicta Orden el 9 de agosto de 1936: “En lo sucesivo no se admitirá detenido alguno que no venga acompañado de la correspondiente Orden dada por el Excmo. Gobernador Civil de la Provincia o del Sr. Gobernador Militar de la plaza, quedando por tanto anulados toda clase de suplicatorios de las fuerzas conductoras”. El director se encontró impotente para dar apariencia de normalidad burocrática, llevando un preciso registro, ante la vorágine de asesinatos planificada desde la dirección de los sublevados.

La combinación entre desidia de la dirección del penal, masiva población reclusa y eliminación física de encarcelados, tuvo un efecto sustantivo: la contabilidad de los presos fue deficiente, quedando un número indeterminado de detenidos sin ser registrados.

Presos entre julio 1936 (117) y octubre 1937, según el Administrador

Presos entre julio 1936 (117) y octubre 1937, según el Administrador

El número total de presos en el fuerte en el periodo que siguió al golpe faccioso ha sido una incógnita. El Libro de Registro de presos, desvelado por Sierra-Alforja, inscribía a quienes ingresaban para cumplir sentencia condenatoria, dejando en un limbo administrativo a quienes entraban detenidos por su resistencia a la sublevación pero que no tenían condena judicial, los llamados gubernativos.

El análisis de otros expedientes permite, indirectamente, acceder a ese dato.

Uno es el 1915/38 abierto contra los funcionarios del penal por la evasión de reclusos en 1938, al que se unió la causa 113/38, abierta contra el subdirector Manuel Muñoz por malversación. Con el fin de cuantificar su desvío de fondos destinados a la alimentación de los presos, se solicita de la administración de la prisión conocer el número total de presos existentes en el fuerte entre julio de 1936 y octubre de 1937, al margen de su condición de gubernativos o condenados por sentencia.

El certificado, de 28 de enero de 1944 -muestra del inacabable recorrido que llevó entre la jurisdicción militar y la civil-, enumera los presos que debían ser alimentados, mes a mes. Si se restan los presos recluidos antes del 18 de julio de 1936, y se tienen en cuenta a partir de esa fecha de los reclusos que son registrados, altas y bajas, tendremos la cifra de gubernativos.

Un punto de partida válido son los 117 reclusos existentes a 30 de junio de 1936, en el que coinciden tanto el certificado del administrador del penal como el Libro de Registro de presos. Antes del golpe del 18 de julio ingresaron otros 93 procedentes de otros centros penitenciarios, “incorregibles” que habían provocado disturbios por no ser indultados, y salieron dos.

Entre el 19 de julio y fin de mes ingresan 356 detenidos opuestos a la sublevación; para septiembre son ya 668 los detenidos, que pasan a 633 en octubre, 643 en noviembre, bajan a 407 en diciembre, para finalizar el año en 327, fechas en que se observa el más brusco descenso de estos opositores no registrados, 316 en dos meses. Sigue descendiendo a lo largo de 1937, pero nunca cuadran las cifras entre el certificado del administrador y las del Libro de Registro.

El sumario de la justicia militar 775/1936 contiene, tangencialmente, otro certificado que prueba la existencia de una contabilidad de detenidos al margen del Libro de Registro. Anota los ingresos de los días que siguieron al golpe faccioso: el día 21 de julio 25 detenidos; el 22 entran 4, y el día 23 otros 33 opositores. Extrapolándolo –con calculada arbitrariedad- hasta finales de octubre, la cifra de ingresos sobrepasaría el millar. La cifra de más de seiscientos detenidos sin registrar cobra crédito, y contrasta con el Libro de Registro de reclusos, que inscribe en ese mismo periodo hasta octubre 17 altas.

La importancia del cálculo del número de estos detenidos no registrados, es su íntima conexión con las “sacas”, las ejecuciones de opositores recluidos en el penal. “A partir del golpe militar de julio –se apunta en Navarra 1936- el fuerte se convirtió en el fin de viaje de cientos de detenidos navarros”. Da la cifra de 283 asesinados, con la convicción de que fueron más. La gran Fuga aporta testimonios de presos. Teófilo García: “En la 2ª Brigada del fuerte había entonces de Pamplona unos 300 gubernativos, es decir, presos que aún no habían sido procesados. Fueron fusilados en unos quince días de febrero del 37 en Artica”. Abel Salvador: “Cuando nos encerraron en el fuerte había gubernativos sin juzgar en la 1ª brigada, unos 500; cuando les sacaron para juzgar en Pamplona quedaban unos 80, a los otros los habían matado”. Santiago Robledo: “Cuando llegamos al Fuerte, en la 1ª brigada había unos trescientos gubernativos, no juzgados, no salían al patio y estaban aislados de nosotros. Los liquidaron en un mes, solo se salvaron dos”.

Diario de Navarra (4-8-36)

Diario de Navarra (4-8-36)

El caso del presidente de la Audiencia de Barcelona

El Diario de Navarra de 4 de agosto de 1936 publica la detención del magistrado Adolfo Fernández Moreda cuando se encontraba de vacaciones en Alberite -Logroño-, de donde era oriundo. El artículo termina con un “Sea bien venido al fuerte”. No consta registrado. Pasó por este penal, pero como tantos otros, salió para ser fusilado; en su caso, en las tapias del cementerio de Logroño, el 18 de agosto. Su publicación fue un desliz excepcional, pues la prensa oficial no nombraba la existencia del penal, sin siquiera citarlo en la nota sobre la fuga, ocho días después de producirse.

Hubo presos gubernativos que salieron en libertad, pero el número de ejecutados -entre 1936 y 1937- podría situarse en ese arco entre 283/300/420. Una cualificada confirmación la aportó Ignacio Ruiz de Galarreta. Abogado desde 1930, miembro de la CEDA, delegado provincial de Sindicatos después de la guerra, afiliado más tarde a Unión del Pueblo Navarro, confesaba en una entrevista en Diario de Navarra (22-4-1984): “Se criticaba a los republicanos por sus atropellos, pero se olvidaba que aquí, en Navarra, hubo muchos Paracuellos. Ahí están, llenos de muertos la falda de San Cristóbal…/…Aquello era una locura, el imperio del miedo”.

José Manuel Pascual, joven sacerdote diocesano, fue enviado como capellán al fuerte en noviembre de 1938 por el obispo Olaechea y la anuencia de los militares al mando, buscando recomponer un grado de normalidad después de la mortandad causada por la tuberculosis, malos tratos, hambre, y de la matanza que siguió a la fuga de mayo. En sus Memorias dice: “En aquella prisión se cometieron verdaderos asesinatos o fusilamientos. Pueden dar fe de esto que digo, si es que no han sido destruidos, los libros en los que quedaban asentadas las partidas de defunción de varios reclusos “muertos en los fosos de la Prisión por intento de fuga (?)”. De otros no constaba nada. No se sabía más que esto: que habían sido sacados de la Prisión una noche o una amanecida y que habían aparecido muertos en las cunetas de las carreteras”.