El fuerte, ¿una gestión descontrolada?

Desentrañar su ausencia en los listados del fuerte, donde un Libro de Registro contabilizó 4970 presos, requiere desmenuzar cómo se llevó la contabilidad de los presos en aquel agitado periodo. Una aproximación a la gestión del fuerte se encuentra en el sumario 1915/38, abierto a sus responsables con motivo de la fuga. El dictamen del fiscal militar es terminante: “la Prisión funcionaba como si no tuviese Jefe”.

El descontrol no fue solo achacable a la pasividad del director del centro. El fiscal añade como causa la ingente población reclusa. El director del penal, desbordado por el número de detenidos que le son remitidos, dicta Orden el 9 de agosto de 1936: “En lo sucesivo no se admitirá detenido alguno que no venga acompañado de la correspondiente Orden dada por el Excmo. Gobernador Civil de la Provincia o del Sr. Gobernador Militar de la plaza, quedando por tanto anulados toda clase de suplicatorios de las fuerzas conductoras”. El director se encontró impotente para dar apariencia de normalidad burocrática, llevando un preciso registro, ante la vorágine de asesinatos planificada desde la dirección de los sublevados.

La combinación entre desidia de la dirección del penal, sobrepoblación penitenciaria y eliminación física de encarcelados, tuvo un efecto sustantivo: la contabilidad de los presos fue deficiente, quedando un número indeterminado de detenidos sin ser registrados.

Presos entre julio 1936 (117) y octubre 1937, según el Administrador

Presos entre julio 1936 (117) y octubre 1937, según el Administrador

El número total de presos en el fuerte en el periodo que siguió al golpe faccioso ha sido una incógnita. El Libro de Registro inscribía a quienes ingresaban para cumplir sentencia condenatoria, dejando en un limbo administrativo a quienes entraban detenidos por su resistencia a la sublevación pero sin condena judicial, los llamados gubernativos.

El examen de otros expedientes permite detectar otros presos no registrados, así como conocer su número. Uno es el 113/38, abierto contra el subdirector Manuel Muñoz por malversación –que se uniría después al sumario 1915/38, seguido contra los funcionarios del penal por la evasión de mayo. Con el fin de cuantificar su desvío de fondos destinados a la alimentación de los presos, se solicita de la administración de la prisión certificar el número de reclusos existente en el fuerte entre julio de 1936 y octubre de 1937.

El certificado, de 28 de enero de 1944 –la fecha muestra el inacabable recorrido que el sumario llevó entre la jurisdicción militar y la civil-, enumera los presos que debían ser alimentados, mes a mes. Si se restan los presos existentes antes del 18 de julio de 1936, “incorregibles” procedentes de otros centros penitenciarios, y se tienen en cuenta a partir de esa fecha las altas y bajas, obtendremos la cifra de gubernativos: entre el 19 de julio y fin de mes ingresan 356 detenidos opuestos a la sublevación; para alcanzar el punto álgido en septiembre con 668, con un pronunciado descenso a final del año, que termina con 314 gubernativos.

El sumario de la justicia militar 775/1936 contiene otro certificado que prueba la existencia de una contabilidad de detenidos al margen del Libro de Registro. Anota los ingresos en los días que siguieron al golpe faccioso: el día 21 de julio 25 detenidos; el 22 entran 4, y el día 23 otros 33 opositores. Extrapolándolo –con calculada arbitrariedad- hasta finales de octubre, la cifra de ingresos sobrepasaría el millar. La cifra de más de seiscientos detenidos sin registrar cobra crédito, y contrasta con el Libro de Registro, que inscribe en ese mismo periodo hasta fin de octubre tan solo 17 altas.

La importancia del cálculo de estos detenidos estriba en su íntima conexión con las “sacas”, las ejecuciones de opositores recluidos en el penal. “A partir del golpe militar de julio –se apunta en N-1936- el fuerte se convirtió en el fin de viaje de cientos de detenidos navarros”. Da la cifra de 283 asesinados, con la convicción de que fueron más. LGF aporta testimonios de presos. Teófilo García: “En la 2ª Brigada del fuerte había entonces de Pamplona unos 300 gubernativos, es decir, presos que aún no habían sido procesados. Fueron fusilados en unos quince días de febrero del 37 en Artica”. Abel Salvador: “Cuando nos encerraron en el fuerte había gubernativos sin juzgar en la 1ª brigada, unos 500; cuando les sacaron para juzgar en Pamplona quedaban unos 80, a los otros los habían matado”. Santiago Robledo: “Cuando llegamos al Fuerte, en la 1ª brigada había unos trescientos gubernativos, no juzgados, no salían al patio y estaban aislados de nosotros. Los liquidaron en un mes, solo se salvaron dos”.

Diario de Navarra (4-8-36)

Diario de Navarra (4-8-36)

El caso del presidente de la Audiencia de Barcelona

El Diario de Navarra de 4 de agosto de 1936 publica la detención del magistrado Adolfo Fernández Moreda cuando se encontraba de vacaciones en Alberite -Logroño-, de donde era oriundo. El artículo termina con un “Sea bien venido al fuerte”. No consta registrado. Como tantos, salió para ser fusilado; en su caso, en las tapias del cementerio de Logroño, el 18 de agosto. Su publicación fue un desliz excepcional, pues la prensa oficial no nombraba la existencia del penal, sin siquiera citarlo en la nota sobre la fuga, ocho días después de producirse.

Hubo presos gubernativos que salieron en libertad, pero el número de detenidos que pasan por el fuerte y que mueren en 1936-37, podría elevarse a los dos centenares, según estimación más prudente. Se incluirían a quienes murieron en el fuerte por enfermedad y el mal trato; aquellos enviados coactivamente al frente, en particular al Tercio Sanjurjo, y los que son enviados a la prisión provincial y de ahí salen para ser ejecutados. Ambos centros funcionaban como vasos comunicantes respecto a la custodia de detenidos, y en ocasiones es complicado arrogar estas muertes extrajudiciales a uno u otro centro.

Las fechas más precisas de estos asesinatos la dio Jacinto Ochoa en 1978: “La cosa se agudizó en noviembre; cuando llegamos al Fuerte de la Provincial aun la gente estaba más o menos tranquila, pero desde esa época empezaron a sacar gente”. En el corto periodo de dos meses, noviembre y diciembre de 1936, el número de presos gubernativos descendió bruscamente, pasando de 644 a 314, según se desprende del certificado oficial de 1944.

Una cualificada confirmación de estos asesinatos la aportó Ignacio Ruiz de Galarreta. Abogado desde 1930, miembro de la CEDA, delegado provincial de Sindicatos después de la guerra, afiliado más tarde a Unión del Pueblo Navarro, confesaba en una entrevista en Diario de Navarra (22-4-1984): “Se criticaba a los republicanos por sus atropellos, pero se olvidaba que aquí, en Navarra, hubo muchos Paracuellos. Ahí están, llenos de muertos la falda de San Cristóbal…/…Aquello era una locura, el imperio del miedo”.

José Manuel Pascual, joven sacerdote diocesano, fue enviado como capellán al fuerte en noviembre de 1938 por el obispo Olaechea y la anuencia de los militares al mando, buscando recomponer un grado de normalidad después de la mortandad causada por la tuberculosis, malos tratos, hambre, y de la matanza que siguió a la fuga de mayo. En sus Memorias dice: “En aquella prisión se cometieron verdaderos asesinatos o fusilamientos. Pueden dar fe de esto que digo, si es que no han sido destruidos, los libros en los que quedaban asentadas las partidas de defunción de varios reclusos “muertos en los fosos de la Prisión por intento de fuga (?)”. De otros no constaba nada. No se sabía más que esto: que habían sido sacados de la Prisión una noche o una amanecida y que habían aparecido muertos en las cunetas de las carreteras”.