El fuerte, ¿una gestión descontrolada?
Desentrañar su ausencia en los listados del fuerte, donde un libro registró 4970 presos, requiere desmenuzar cómo se llevó la contabilidad de los presos en aquel agitado periodo. Una aproximación a esta gestión del fuerte se encuentra en el sumario 1915/38, abierto a sus responsables con motivo de la fuga. El dictamen del fiscal militar es terminante: “la Prisión funcionaba como si no tuviese Jefe”. “[ La fuga] la motivó el desastre administrativo que había allí”, concluía por su parte el antiguo capellán del fuerte, J.M. Pascual, en 1978.[1]
El descontrol no fue solo achacable a la negligencia del director del centro. El fiscal añade como causa la ingente población reclusa. El director del penal, desbordado por el número de detenidos que le son remitidos, dicta una Orden el 9 de agosto de 1936: “En lo sucesivo no se admitirá detenido alguno que no venga acompañado de la correspondiente Orden dada por el Excmo. Gobernador Civil de la Provincia o del Sr. Gobernador Militar de la plaza, quedando por tanto anulados toda clase de suplicatorios de las fuerzas conductoras”. El director se encontró impotente para dar apariencia de normalidad burocrática y llevar un preciso registro ante la vorágine de detenciones y asesinatos planificada desde la dirección de los sublevados.
La combinación entre desidia de la dirección del penal, sobrepoblación penitenciaria y eliminación física de encarcelados tuvo un efecto sustantivo: la contabilidad de los presos fue deficiente, quedando un número indeterminado de detenidos sin ser registrados.
Presos entre julio 1936 (117) y octubre 1937, según el Administrador
El número total de presos en el fuerte en el periodo que siguió al levantamiento militar ha sido una incógnita. El libro de registro inscribía a quienes ingresaban para cumplir sentencia condenatoria, dejando en un limbo administrativo a quienes entraban sin condena judicial, detenidos preventivamente por su resistencia a la sublevación: los llamados gubernativos.
Ese número de presos se determina gracias a otros expedientes militares. Uno es el 113/38, abierto contra el subdirector Manuel Muñoz por malversación –que se uniría después al sumario 1915/38, seguido contra los funcionarios del penal por la evasión de mayo–. Con el fin de cuantificar su desvío de fondos destinados a la alimentación de los presos, se solicita de la administración de la prisión certificar el número de reclusos existente en el fuerte entre julio de 1936 y octubre de 1937.
El certificado, de 28 de enero de 1944 –la fecha muestra el inacabable recorrido que el sumario llevó entre la jurisdicción militar y la civil–, enumera los presos mes a mes. Si se restan los presos existentes antes del 18 de julio de 1936, “incorregibles” procedentes de otros centros penitenciarios, obtendremos la cifra de gubernativos: entre el 19 de julio y fin de mes ingresan 356 detenidos opuestos a la sublevación; para alcanzar el punto álgido en septiembre con 668, con un pronunciado descenso a final del año, que termina con 314 gubernativos.
El sumario 775/1936 contiene otro certificado que muestra el torrente de detenidos. Anota los ingresos en los días que siguieron al golpe faccioso: el día 21 de julio 25 detenidos; el 22 entran 4, y el día 23 otros 33 opositores. Extrapolándolo, con calculada arbitrariedad, hasta finales de octubre, la cifra de ingresos sobrepasaría el millar. La cifra de centenares de detenidos sin registrar cobra crédito, y contrasta con el libro de registro, que inscribe hasta fin de octubre tan solo 17 altas.
La importancia de este cálculo estriba en su íntima conexión con las sacas, las ejecuciones de opositores recluidos en el penal. “A partir del golpe militar de julio –se apunta en N-1936– el fuerte se convirtió en el fin de viaje de cientos de detenidos navarros”. La gran Fuga… aporta testimonios de presos. Abel Salvador: “Cuando nos encerraron en el fuerte había gubernativos sin juzgar en la 1.ª brigada, unos 500; cuando les sacaron para juzgar en Pamplona quedaban unos 80, a los otros los habían matado”. Santiago Robledo: “Cuando llegamos al Fuerte, en la 1.ª brigada había unos trescientos gubernativos, no juzgados, no salían al patio y estaban aislados de nosotros. Los liquidaron en un mes, solo se salvaron dos”.
Las fechas más precisas de estos asesinatos las daba Jacinto Ochoa en 1978: “La cosa se agudizó en noviembre; cuando llegamos al Fuerte de la Provincial aun la gente estaba más o menos tranquila, pero desde esa época empezaron a sacar gente”. En el corto periodo de dos meses, noviembre y diciembre de 1936, el número de presos gubernativos descendió bruscamente.
Diario de Navarra (4-8-36)
Desapariciones voceadas en la prensa
El Diario de Navarra de 4 de agosto de 1936 publica la detención del magistrado Adolfo Fernández Moreda, presidente de la Audiencia de Barcelona, cuando se encontraba en Alberite (La Rioja), de donde era oriundo. El artículo termina con un “Sea bien venido al fuerte”. No consta registrado. Salió el 18 de agosto para ser fusilado en la tapia del cementerio de Logroño.
El Heraldo de Aragón de 24 de julio de 1936 publica: “Pamplona, 22 (por teléfono). El general Núñez de Prado ingresa en la prisión de San Cristóbal de Pamplona. A las siete y media de la tarde ha llegado a esta ciudad en automóvil, procedente de Zaragoza, el General Núñez de Prado, acompañado por cuatro oficiales que le escoltaban”. Enviado por el gobierno de la República para frenar al general Cabanellas, tras aterrizar fue detenido y conducido al fuerte. Nunca se volvió a saber sobre su paradero.
Estas notas de prensa referidas a detenidos insignes son deslices excepcionales, pues la prensa oficial ignoraba la existencia del penal, sin citarlo en la nota sobre la fuga, ocho días después de producirse.
Hubo presos gubernativos que salieron en libertad, pero el número de detenidos que pasan por el fuerte y que mueren en 1936-37 podría elevarse a los dos centenares. Unos por enfermedad y el mal trato; otros, supuestamente puestos en libertad, esperados en la puerta por pistoleros previamente advertidos; por último, los enviados a la prisión provincial en la ciudad y que de ahí salen para ser ejecutados. Ambos centros funcionaban como vasos comunicantes respecto a la custodia de detenidos.
Una cualificada confirmación de estos asesinatos la aportó Ignacio Ruiz de Galarreta. Abogado desde 1930, delegado provincial de Sindicatos después de la guerra, afiliado más tarde a Unión del Pueblo Navarro, confesaba en Diario de Navarra (22-4-1984): “Se criticaba a los republicanos por sus atropellos, pero se olvidaba que aquí, en Navarra, hubo muchos Paracuellos. Ahí están, llenos de muertos la falda de San Cristóbal. […] aquello era una locura, el imperio del miedo”.
José Manuel Pascual, joven sacerdote diocesano, fue enviado como capellán al fuerte en noviembre de 1938 por el obispo Olaechea, con la anuencia de los militares, buscando recomponer un grado de normalidad después de la mortandad causada por la tuberculosis, malos tratos, hambre, y de la degollina que siguió a la fuga de mayo. En sus Memorias, de 1978, dice: “En aquella prisión se cometieron verdaderos asesinatos o fusilamientos. Pueden dar fe de esto que digo, si es que no han sido destruidos, los libros en los que quedaban asentadas las partidas de defunción de varios reclusos “muertos en los fosos de la Prisión por intento de fuga (?)”. De otros no constaba nada. No se sabía más que esto: que habían sido sacados de la Prisión una noche o una amanecida y que habían aparecido muertos en las cunetas de las carreteras”.
[1] Jose M.ª Jimeno Jurío, El fuerte de San Cristóbal/ Ezkaba…, p. 184.
