Cuando al atardecer del domingo 22 de mayo de 1938, cientos de presos republicanos recluidos en el penal de San Cristóbal, en el monte Ezkaba, junto a Pamplona, emprenden una masiva fuga, el estupor se apodera de los militares golpistas.
Cuando al atardecer del domingo 22 de mayo de 1938 cientos de presos republicanos ecluidos en el penal de San Cristóbal, en el monte Ezkaba, junto a Pamplona, emprenden una masiva fuga, el estupor se apodera de los militares golpistas.
¿Cómo ha podido pasar y cómo en Pamplona, ciudad puntal del levantamiento?
Para responder a esa pregunta, se abre un procedimiento a los promotores de la sublevación, que concluye con el fusilamiento de catorce encausados el 8 de agosto, y otro al resto de los penados que, “aprovechando la algarabía, se limitaron a evadirse”, como señalaba el sumario que los juzgó.
Paralelamente, los militares buscan una explicación a los fallos de control que han permitido la evasión. Se abre expediente contra la dirección del penal, funcionarios de prisiones y su guarnición, para depurar sus responsabilidades. Los principales encausados son el director Alfonso Rojas; el administrador, Manuel Muñoz, y el jefe del destacamento militar, alférez Manuel Cabezas.[1]
El juez instructor, coronel M. Suárez, realiza un exhaustivo interrogatorio a la guarnición, funcionarios, capellán, presos no evadidos… hasta al panadero que abastecía al fuerte. Llega a la convicción de que la raíz del amotinamiento fue el maltrato e inanición a los que se sometía a la población reclusa. Sus causantes: la extrema avaricia del administrador, materializada en la sustracción de fondos para alimentos y medicinas, precios abusivos del economato, y otras fuentes de lucro, como el uso de presos ebanistas y materiales de la fortificación para hacer muebles que traslada a su domicilio particular. Todo ello, con la complicidad del director, con quien reparte el botín, cifrado en 4000 pesetas mensuales.
La Diputación Foral de Navarra, presidida por el carlista Juan Pedro Arraiza, colaboró con sus medios. El 27 de mayo, “a petición del instructor de los expedientes, designa a los empleados Victorino Arraiza y Ángel Guerrero, para prestar servicio en la Fortaleza de San Cristóbal”.[2]El ingente papeleo de los sumarios desbordaba a la intendencia militar.
[1] Desde el 23 de mayo el instructor va tomando declaraciones … Archivo R. y General de Navarra (cajas 120 967 y 120 968) y Archivo de la Capitanía Militar de Navarra, ACMN (legajos 43 y 48), cuyos fondos, a su vez, han sido trasferidos en 2022 al Archivo General e Histórico de Defensa, AGHD, que ha procedido a su digitalización.
[2] Archivo R. y General de Navarra. Libro de Actas de Diputación, Tomo 217 F.ES_6521.
