La dirección del penal
Director y administrador, como en una premonición de los tiempos que se barruntaban, se hicieron cargo del penal semanas antes de la sublevación de julio de 1936, coincidiendo con la reapertura del fuerte para albergar a doscientos presos comunes procedentes de Alcalá, Burgos, Ocaña, Valencia y otras cárceles.
El director, Alfonso Rojas, llega procedente de la cárcel Modelo de Barcelona, donde había sido objeto de señalamiento por CNT como paradigma del maltrato carcelario. Toma posesión el 22 de junio de 1936, pero se hospeda en el hotel La Perla, en el centro de la ciudad, donde le sorprende la rebelión. Los informes del instructor y del fiscal militar coinciden en denunciar su irregular asistencia al penal, de modo que diversos funcionarios confiesan no conocerlo. Destacan su negligencia y descuidada observancia del Reglamento de Prisiones respecto a la seguridad y régimen interior, así como su complicidad “en los más turbios manejos de todas las clases en la Administración de la prisión”.[1]
Jovino Fernández, fugado que alcanzó la frontera, cuando concedió al periódico Solidaridad Obrera una entrevista sobre su odisea, cita: “El jefe del Penal era un hermano del teniente aquél que cometió la ferocidad de Casas Viejas: el teniente Rojas. Los dos hermanitos poco se pueden echar en cara. Tal para cual”.
Los hechos de Casas Viejas a los que se refiere sucedieron en enero de 1933 en ese municipio gaditano, donde a una situación insurreccional liderada por sindicalistas de CNT, el gobierno respondió con una masacre, ejecutada por guardias de asalto y Guardia Civil, al mando del capitán Manuel Rojas, hermano del citado director. El suceso quedó grabado entre las clases populares y particularmente entre los correligionarios de CNT como Jovino.
Manuel Muñoz, administrador y subdirector del centro, coincide en su arribo en junio. Jefe de las fuerzas de Falange del fuerte después del golpe, fue apartado de su puesto en diciembre de 1937 y encarcelado en la prisión provincial, acusado de malversación de fondos públicos. A consecuencia de la fuga, se une esta pieza a la principal, al valorar el estamento militar la estrecha relación entre motín carcelario y el desvío de esos fondos destinados a alimentar a la población reclusa. El sumario indaga su compra, en junio de 1937, de tres casas en su residencia habitual, Puerto de Santa María (Cádiz).
En su contra, declara el médico de la cárcel, Manuel Roncal, quien ya en 1937 había denunciado la insuficiente alimentación como causa de muertes por tuberculosis, el muy deficiente servicio de enfermería y la imposibilidad de administrar las medicinas prescritas. Planteó esta situación al administrador y al director sin ser atendido, por lo que dimitió.
Similar opinión muestra el capellán del centro penitenciario, Miguel Riera, a quien el administrador señala como principal impulsor de la campaña en su contra. Denuncia cómo los jefes y oficiales leales a la República allí detenidos buscaban ser trasladados a otro centro o comer el rancho de la guarnición del fuerte; y cómo, en su caso, evitaba el encuentro con las familias de los presos en los días de visita para eludir sus justas quejas.
El sumario recoge la declaración del oficial de prisiones Francisco Bueno, testigo presencial de incidentes ilustrativos del inhumano trato a los penados: en un par de ocasiones una gaveta cayó al suelo, una en el patio, otra en las escaleras de los lavaderos. En ambos casos los presos se abalanzaron sobre la comida derramada.
Interior del fuerte (foto JL Larrión)
Interior del fuerte (foto JL Larrión)
